Una fuerte polémica ronda el Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) del Ministerio de la Producción luego de que renunciara la directora general, Rosa Zavala Correa, y retiraran a dos funcionarios que estaban a cargo de resolver las multas impuestas a 11 empresas por pescar ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas.
Por Lourdes Fernández Calvo para Mongabay Latam.
La reciente salida de la directora general y de dos vocales del Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) del Ministerio de la Producción (Produce) ha generado preocupación por la impunidad que esto podría ocasionar en el sector pesquero peruano. Los cambios se han suscitado en las salas del Conas que están encargadas de resolver los recursos de apelación a las multas impuestas a 11 empresas por pescar ilegalmente dentro de la Reserva Nacional de Paracas.
Las multas, que suman más de 12 millones de soles (más de 3 millones de dólares), podrían prescribir si es que el Conas no las confirma con celeridad en segunda instancia. Lo polémico es que los nuevos funcionarios que estarán a cargo de esta labor, como lo reportó el portal Ojo Público, fueron señalados por un informe de contraloría del 2023 como responsables de la emisión de permisos irregulares para exportar más de 24 toneladas de aletas de tiburón. Pero eso no es todo. Mongabay Latam confirmó que están siendo investigados penalmente por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a partir de la información entregada por la Contraloría. La investigación por el presunto delito de negociación incompatible se encuentra en etapa preliminar.
Las modificaciones al interior del Conas se dan en medio de un contexto de preocupación por el proyecto de decreto supremo que busca modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca que abriría la puerta a la pesca ilegal en áreas naturales protegidas, dejando en letra muerta las sanciones impuestas a las empresas que pescaron ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas.
Los cambios en el Conas
El 6 de febrero, a través de una carta dirigida al ministro de la Producción, Sergio González, la entonces directora general del Conas, Rosa Zavala Correa, presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde abril del 2024. En la misiva, Zavala explicó que su repentina salida del Consejo de Apelación de Sanciones se debía a las modificaciones en el área que horas antes el Ministerio había oficializado a través de una resolución ministerial.
En esta resolución, se dan por concluidas, sin mayor explicación, las designaciones de Luis Alva Burga y César Zelaya Tafur, quienes presidían la Primera y Segunda Sala Transitoria de Pesquería y el Área Unipersonal Transitoria especializada en Pesquería del Conas. En su reemplazo, el Produce nombra a los funcionarios Verónica Carola Caballero Gonzáles y Jaime Antonio De la Torre Obregón.
Las salidas sorpresivas de Alva Burga y Zelaya Tafur motivaron la renuncia de Rosa Zavala Correa, tal como lo señala en su carta. En ella, Zavala especifica que, por órdenes suyas, los funcionarios se encontraban abocados a resolver los expedientes que contienen los 99 recursos de apelación que fueron presentados por diversas empresas tras ser sancionadas por pescar ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas.
Los hoy funcionarios retirados de las salas del Conas lograron confirmar dos sanciones de las 99 impuestas, por lo que quedan pendientes 97 expedientes.
Funcionarios denunciados por irregularidades en Produce
Verónica Carola Caballero Gonzáles y Jaime Antonio De la Torre Obregón son los nuevos presidentes de las salas que deberán evaluar y decidir si se confirman en segunda instancia las 97 multas impuestas a las pesqueras que ingresaron a la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, ambos están siendo investigados por supuestamente cometer actos irregulares en beneficio de empresas exportadoras de aletas de tiburón.
Según el informe de auditoría de la Contraloría, Caballero Gonzáles, De la Torre Obregón y otros cinco funcionarios de Produce expidieron irregularmente 35 permisos de exportación de más de 24 toneladas de aletas de tiburón beneficiando a las empresas Lamarqocha Inversiones, Angaff Perú, Exportaciones JME y Full Moont.
Las aletas pertenecían a tiburones amenazados y protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazada de Fauna y Flora Silvestre (Cites). Esta instancia busca proteger ciertas especies de flora y fauna silvestre de su explotación excesiva y su tráfico ilícito, por lo que, para exportarlas, las empresas deben contar con permisos emitidos por la CITES.
La evaluación de la Contraloría se dividió en dos hallazgos. En el primero se identificó que Jaime Antonio De la Torre Obregón, entonces designado como Autoridad Administrativa Cites, es decir, responsable de evaluar los expedientes presentados por las empresas para exportar aletas de tiburones protegidos por la Convención, entregó de manera irregular dos permisos de exportación de aletas secas de tiburón. Estos permisos permitieron la exportación de 12.131 kilos de aletas, de los cuales 7.919 kilos fueron exportados de manera irregular por la empresa Full Moont, utilizando siete Certificados de Desembarque CDT (el documento que se emite en puerto y que acredita las especies que trae cada embarcación y las cantidades) que ya habían sido utilizados por otra empresa.
Sobre la actuación de De la Torre Obregón, la Contraloría señaló que “no realizó acciones de verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el texto de la convención Cites y su reglamento que le hubieran permitido verificar que los 7 CDT ya habían sido utilizados con anterioridad”.
En el segundo hallazgo, el informe de auditoría detalló que cinco funcionarios, entre ellos Jaime De la Torre Obregón y Verónica Carola Caballero Gonzáles, entonces directora general de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce, emitieron irregularmente 33 permisos de exportación de aletas secas de tiburón, favoreciendo a las empresas Angaff Perú, Exportaciones JME y Lamarqocha Inversiones. Estas empresas se beneficiaron con la exportación de 16.086 kilos de este recurso hidrobiológico valorizado en 677.421 dólares.
Según concluye el informe de la Contraloría, Caballero Gonzáles no realizó las acciones de verificación y control del cumplimiento de las funciones de la Autoridad Administrativa CITES, a cargo de De la Torre Obregón, permitiendo así, por ejemplo, que las empresas mencionadas presentaran 224 CDT que ya habían sido utilizados también con anterioridad. Es decir, los funcionarios responsables permitieron que se exportaran aletas secas de tiburón sin comprobar que estas tuvieran procedencia legal.
Ante lo encontrado, la Contraloría recomendó iniciar un proceso administrativo a los funcionarios de Produce involucrados en los hechos, entre ellos, los hoy designados como nuevos vocales del Conas, Jaime De la Torre Obregón y Verónica Caballero Gonzáles. Además, envió el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
Consultados al respecto, la Procuraduría Anticorrupción informó que en diciembre del 2024 solicitó a la fiscalía el inicio de las diligencias preliminares de la investigación penal contra los funcionarios de Produce. El Ministerio Público confirmó que la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició la investigación preliminar por el supuesto delito de negociación incompatible.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de la Producción los descargos de los funcionarios mencionados y los motivos de la designación de los mismos en el Conas pese a estar investigados, pero el Produce no respondió. Además, escribimos a Jaime De la Torre Obregón y enviamos una solicitud de entrevista a Verónica Caballero Gonzáles, pero no respondieron.
Las presiones de la industria pesquera
Para César Ipenza, abogado experto en materia ambiental, la designación de los funcionarios implicados en una investigación penal por presuntos actos irregulares es preocupante debido a que estarán a cargo de un área sensible de Produce. Además, indicó que es necesario que el sector sea transparente respecto a los motivos de los cambios en el Conas.
“Creo que quienes tomen la decisión deberían contratar a las personas con mayor idoneidad y que tengan las condiciones óptimas. Creo que tenemos también que incidir siempre en el tema de la meritocracia. Si los funcionarios anteriores fueron seleccionados por ciertas condiciones, ¿por qué hay este tipo de cambios?”, dijo.
Ipenza recordó que los responsables de resolver las multas que se impusieron por pescar de manera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Paracas no deberían estar involucrados en irregularidades.
Si bien no hay un impedimento legal que impida a los funcionarios que son investigados penalmente de asumir cargos públicos hasta que exista una sanción firme, Ipenza opinó que las críticas deberían dirigirse a quienes han decidido darles este nuevo cargo.
Debido a que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) inició una serie de acciones judiciales y administrativas para que se le autorice a operar al interior de la Reserva Nacional de Paracas, algunas voces han denunciado que los cambios en el Conas son resultado de presiones de este sector empresarial. “Esto no es casual, viene todo aparejado”, opina Ipenza.
Al respecto, la SNP señaló que “somos respetuosos de las decisiones de las autoridades y no tenemos injerencia en ellas”.
FUENTE: Mongabay Latam
FOTO PRINCIPAL: Oceana
