El Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1727 para sancionar la fabricación de datos, falsas afiliaciones y el uso indebido de fondos en la ciencia peruana.
El ecosistema científico en el Perú inicia una etapa de mayor orden y vigilancia. El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo al aprobar el Decreto Legislativo Nº 1727 , una norma que modifica la Ley N.º 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido como Sinacti. Este cambio legal no es solo un ajuste administrativo; representa una estrategia integral para fortalecer la integridad académica y la eficiencia de las instituciones que impulsan el desarrollo tecnológico en el país.
Uno de los pilares de esta reforma es el empoderamiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Como ente rector, el Concytec ahora gozará de una mayor capacidad normativa para aprobar reglamentos autónomos. Esta agilidad es fundamental para que la gestión de la ciencia en el Perú se alinee rápidamente con los estándares internacionales, permitiendo que los procesos de innovación no se detengan por trabas burocráticas innecesarias.
Combate frontal a las malas prácticas
El aspecto más relevante y novedoso de esta norma es la tipificación de infracciones que ahora tienen rango de ley. En un contexto donde la ética científica ha sido cuestionada globalmente, el Perú establece reglas claras contra conductas nocivas como la fabricación o falsificación de resultados en publicaciones científicas, la autoría ficticia y la falsa afiliación. También se perseguirá con rigor el conflicto de intereses no declarado y una de las prácticas más dañinas para la meritocracia académica: la compra o venta de autoría científica.
No se trata solo de ética editorial. El decreto también pone la lupa sobre la gestión de los recursos de todos los peruanos, tipificando como faltas graves el uso indebido de fondos públicos que hayan sido destinados originalmente a la investigación.
Sanciones y ejecución coactiva
Para garantizar que estas reglas se cumplan, el nuevo marco legal establece sanciones diferenciadas que buscan desincentivar el fraude. En el caso de los investigadores (personas naturales), las consecuencias pueden ser severas: se contempla la suspensión de beneficios por un periodo de hasta diez años. Esto incluye la expulsión o suspensión de la permanencia en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) y la prohibición de acceder a fondos concursables durante dicho lapso.
Para las instituciones o personas jurídicas, la norma prioriza la aplicación de multas. Además, se le ha otorgado al Concytec la facultad de ejecución coactiva, lo que significa que la institución tendrá las herramientas legales para asegurar que las sanciones económicas se hagan efectivas.
El nuevo rol de los Institutos Públicos de Investigación
La norma también pone el foco en la aplicación del conocimiento. Se ha actualizado la definición de los Institutos Públicos de Investigación (IPI), integrando de forma expresa la transferencia tecnológica como una de sus funciones clave. Esto busca que las investigaciones no se queden en el papel, sino que lleguen al mercado y a la sociedad para resolver problemas reales.
Asimismo, el Concytec será el encargado de establecer los estándares para la calificación de investigadores, especialmente en el ámbito universitario. Este proceso se realizará en estrecha concordancia con la Ley Universitaria vigente, asegurando un sistema de evaluación coherente y exigente.
Implementación y plazos
La transición hacia este nuevo esquema será gradual pero con plazos definidos. El Poder Ejecutivo tiene un periodo de 180 días para adecuar el Reglamento de la Ley del Sinacti. Paralelamente, se dispone de otros 180 días adicionales para la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Concytec.
Es importante destacar que aquellos investigadores que tengan expedientes de calificación en trámite no se verán afectados por un vacío legal. El Concytec continuará evaluando estos casos bajo las normas actuales hasta que entren en vigor los nuevos estándares, en un proceso que será coordinado con las universidades y demás entidades del sector.
*En la creación de este texto se usaron herramientas de inteligencia artificial.
