Corte de Lima fortalece Ley Nacional del Cáncer al rechazar demanda de APEPS; pacientes ganan acceso a terapias modernas sin discriminación
Un importante precedente judicial marcará un antes y un después en la lucha contra el cáncer en el Perú. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido un fallo clave que reafirma la vigencia y el espíritu de la Ley Nacional del Cáncer, y que tendrá un impacto directo en la vida de miles de pacientes oncológicos en el país.
La Corte rechazó en forma categórica una demanda presentada por la Asociación de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS), que pretendía anular el artículo 7.2 del Reglamento de dicha ley, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2022-SA. Esta norma obliga a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas —como las EPS— a cubrir de forma integral los tratamientos contra el cáncer, incluso aquellos sustentados en guías clínicas de práctica médica reconocidas a nivel internacional.
Un avance en el derecho a la salud
“La decisión de la Corte es un gran respaldo al derecho fundamental a la salud y un reconocimiento a la urgencia de brindar tratamientos avanzados y efectivos, basados en evidencia internacional, sin discriminación por el tipo de seguro o razones económicas. La salud y la vida de los pacientes no pueden depender de intereses económicos ni de interpretaciones restrictivas de la ley”, declaró Gianina Orellana, presidenta de la asociación Por Un Perú Sin Cáncer.
La Sala Constitucional fue enfática al señalar que las guías de práctica clínica (GPC) no pueden ser equiparadas a ensayos clínicos. Las primeras representan recomendaciones basadas en evidencia científica consolidada, mientras que los ensayos son fases experimentales dentro del desarrollo de nuevas terapias. Con esta aclaración, la Corte desmontó uno de los principales argumentos de APEPS, que sostenía que aplicar tratamientos según guías internacionales era equiparable a someter a los pacientes a pruebas clínicas.
La igualdad como eje rector
Otro de los puntos fuertes del fallo es su reafirmación del principio de igualdad en el acceso a la salud. El tribunal indicó que la igualdad busca “mejorar los derechos” y no reducir estándares. En este sentido, limitar terapias oncológicas efectivas debido a su costo sería contrario al derecho a la salud y la vida.
Este pronunciamiento fortalece la Ley Nacional del Cáncer como herramienta legal y social para garantizar que todos los pacientes —sin importar si están en el sistema público o privado— puedan acceder a las terapias más actualizadas, lo que implica un avance significativo en equidad y justicia sanitaria.
¿Y la sostenibilidad financiera?
Desde la sociedad civil, la asociación Por Un Perú Sin Cáncer reconoce el importante rol que cumple el sector privado en brindar servicios que muchas veces no pueden ser cubiertos por el sistema público de salud. Sin embargo, su presidenta también advirtió que se deben tomar medidas para asegurar la sostenibilidad de ambos sistemas.
“Es importante evaluar el impacto sobre los presupuestos de las entidades de salud como las EPS, el cual no puede ser ignorado. Se deben encontrar mecanismos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de estas instituciones y que puedan operar de forma correcta garantizando el mejor servicio posible a sus asegurados”, señaló Orellana.
Entre las propuestas planteadas está la implementación de subsidios estatales para los tratamientos oncológicos más costosos, como ocurre en países como Chile. La idea es establecer un sistema de acreditación que unifique criterios de calidad para entidades públicas y privadas, y que permita al Estado cubrir tratamientos específicos cuando resulten financieramente inviables para las aseguradoras.
“Se debe mejorar la calidad de los servicios de todos los hospitales y contribuir para que los seguros privados den la máxima cobertura sin hacer peligrar su sostenibilidad”, remarcó Orellana.
Un llamado a la acción
Frente a este nuevo escenario, Por Un Perú Sin Cáncer ha hecho un llamado urgente a las autoridades de salud, tanto del sector público como del privado, para diseñar e implementar mecanismos de cooperación que garanticen la sostenibilidad del sistema y, sobre todo, el bienestar de los pacientes.
“Invocamos a las autoridades, a los representantes del sistema público de salud y a las empresas privadas a que se junten para que hagan sostenibles ambos sistemas», concluyó Gianina Orellana.
Este fallo no solo fortalece la aplicación de la Ley Nacional del Cáncer, sino que pone en el centro del debate la necesidad de un sistema de salud más justo, moderno y preparado para responder al reto que supone el tratamiento del cáncer en el siglo XXI.
*En la creación de este texto se usaron herramientas de inteligencia artificial.
