En un contexto de creciente demanda de servicios de movilidad a través de aplicaciones, Cabify Perú alza su voz para diferenciar su operación del servicio de taxi tradicional. Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de la empresa, explica la necesidad de una regulación específica que reconozca las particularidades de las plataformas tecnológicas y el transporte privado entre personas, advirtiendo sobre los riesgos de aplicar las mismas normativas que al taxi.

La movilidad urbana en Lima se ha transformado en la última década con la llegada de las aplicaciones de transporte privado. Sin embargo, esta industria opera en un limbo regulatorio que genera desafíos tanto para las empresas como para los usuarios. En esta entrevista, exploramos la visión de Cabify, una de las pioneras en este mercado, sobre la necesidad de establecer reglas claras que reconozcan las diferencias fundamentales entre los servicios que ofrecen y los taxis tradicionales. Para profundizar en este tema, conversamos con Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú.

– ¿Podrías explicarnos cuál es la posición de Cabify respecto a cómo está organizado el servicio actualmente y por qué insisten tanto en diferenciarlo del taxi?

En Cabify somos enfáticos en que somos un aplicativo de movilidad, una empresa de tecnología aplicada a la movilidad. Fuimos el primer aplicativo en llegar a Perú, alrededor del 2012, y la industria en la que participamos se conoce como ride-hailing o transporte privado entre personas. Estamos muy interesados en que esta industria se regule porque operamos sin una normativa específica desde nuestros inicios en el país. El mercado ha crecido significativamente, con más de medio millón de viajes diarios según el Instituto Peruano de Economía. Esta magnitud y la cantidad de competidores hacen necesaria una regulación que proteja a los usuarios y promueva una competencia leal. Uno de los puntos cruciales es dejar de llamar “apps de taxis” a nuestros servicios, ya que entendemos que el taxi y las aplicaciones de movilidad urbana privada son dos cosas distintas con diferencias significativas. Desde Cabify, domiciliados como empresa peruana desde siempre, hemos contribuido a elevar los estándares de calidad y seguridad en la movilidad de manera proactiva ante la falta de regulación. Sin embargo, no todos los operadores juegan con los mismos estándares, y por eso es fundamental una regulación que establezca requisitos mínimos y genere igualdad de condiciones.

– Has mencionado varias diferencias entre su servicio y el taxi. ¿Podrías detallar algunas de las más importantes para que el público comprenda mejor esta distinción más allá de la tecnología de la aplicación?

Las diferencias son varias y significativas. En primer lugar, está la flota y los tipos de vehículo que se utilizan. La regulación del taxi suele ser más restrictiva en cuanto a cilindrada y otros aspectos, y tiende a la estandarización en color y modelo, algo que en Lima aún no se ve, pero que es común en otras ciudades. En el transporte privado, la diversidad de vehículos es una característica, y no debería haber restricciones siempre que se cumplan los requisitos de seguridad. En segundo lugar, el precio: mientras que el taxi tradicional en otras ciudades usa taxímetro y tiende a la estandarización (algo que en Lima no sucede), en los aplicativos el precio varía según la hora, la distancia, el tiempo y la oferta y demanda, buscando un equilibrio entre ingresos para el conductor y accesibilidad para el pasajero6 . Una tercera diferencia, y quizás la más crucial, es el nivel de seguridad. Nadie recomendaría a un familiar tomar un taxi de la calle en ciertas circunstancias, mientras que los aplicativos ofrecen una seguridad radicalmente distinta. Podemos verificar la identidad del conductor y del vehículo, tenemos trazabilidad total del viaje, botón de emergencias, opción de compartir el viaje en tiempo real y, en caso de incidentes, podemos proporcionar información detallada a las autoridades. En un taxi de la calle, en cambio, la trazabilidad y la rendición de cuentas son prácticamente inexistentes.

– ¿Cuál es la postura de Cabify sobre el PL 842 y cuáles serían los riesgos de que se termine regulando bajo los mismos parámetros que el taxi tradicional, como parece ser una de las observaciones del Poder Ejecutivo?

El proyecto de ley 842 existe desde 2021 y ha pasado por varias etapas. Inicialmente, la comisión de transportes del Congreso consultó con el sector público y privado, y el proyecto, aunque no perfecto, era una buena base para empezar a regular. Lamentablemente, a pesar de ser aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, fue observado por el Poder Ejecutivo, basándose en la opinión de la ATU de que la legislación debía acercarse más a la del taxi. El principal problema que vemos es que muchos legisladores y la propia ATU no entienden o no aceptan la diferencia entre el servicio público de transporte en taxi y los servicios privados persona a persona. Corremos el riesgo de quedarnos sin regulación, que es lo peor, o de que la regulación sea la misma que la del taxi, lo que generaría serios problemas para los usuarios y los conductores. Se estima que hay más de 130.000 conductores que generan ingresos de forma honesta a través de estas aplicaciones, muchos de ellos a tiempo parcial. Si se les exige cumplir las mismas normativas que a un taxista que se dedica a eso a tiempo completo, seguramente se afectará su capacidad de generar ingresos. Esto, a su vez, podría reducir la oferta de conductores y, consecuentemente, aumentar los precios para los pasajeros. Además, se afectaría gravemente una industria que ha elevado los estándares de movilidad en una ciudad con estándares históricamente bajos.

– Finalmente, en otros países hemos visto cómo las plataformas de movilidad incluso integran la opción de llamar a taxis tradicionales. ¿Vería Cabify viable una colaboración de este tipo en Perú, o consideran que la ATU debería desarrollar su propia solución tecnológica?

Por supuesto que sí, la tecnología permite habilitar muchísimas cosas. Una vez que tengamos ambas industrias bien diferenciadas y reguladas de forma adecuada, la coexistencia y complementariedad son el paso natural, como ya sucede en muchas otras ciudades como Bogotá o Madrid. En esas ciudades, al solicitar un viaje a través de aplicaciones como Cabify, se ofrecen ambas opciones: el servicio de la plataforma y el taxi regulado. Esto es totalmente factible y no requiere que el sector público invierta recursos en desarrollar tecnología, ya que el sector privado ya lo ha hecho y está a disposición. Además, las aplicaciones de movilidad generamos una gran cantidad de data agregada sobre orígenes, destinos, tiempos de viaje, que podría ser muy valiosa para el planeamiento urbano de la ATU, incluso de forma gratuita. Lo fundamental es que se reconozca nuestra existencia como una industria tecnológica distinta del taxi, con necesidades de regulación propias. Al final, se trata de darle la libertad al usuario de elegir lo que más le convenga, con la protección de una regulación adecuada para cada tipo de servicio.