El Osiptel confirma una reducción significativa en la activación de nuevas líneas móviles. Los operativos y el estado de emergencia golpean la venta informal.
El panorama de las telecomunicaciones en el Perú está experimentando cambios drásticos impulsados por variables que trascienden lo meramente tecnológico. En un esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana, las recientes medidas implementadas por el Gobierno han tenido un impacto inmediato en el mercado móvil. Según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se registró una reducción del 27% en las activaciones de nuevas líneas móviles durante el primer mes del estado de emergencia.
Esta cifra no es un dato menor en el ecosistema digital del país. La disminución se observa al comparar el promedio del mes previo a la declaratoria de emergencia y constituye uno de los primeros indicadores tangibles de las acciones extraordinarias implementadas hasta el corte del 19 de noviembre. Es importante destacar que este análisis se centra exclusivamente en líneas nuevas, sin tomar en cuenta las cifras de portabilidad numérica.
El impacto de la fiscalización
La caída en las ventas responde a un contexto de mayor rigurosidad en las calles. El ente regulador precisó que este descenso coincide con el periodo en que se reforzaron los controles y se intensificaron los operativos en puntos críticos. Las intervenciones en centros comerciales y las incautaciones de celulares han sido determinantes para frenar la comercialización irregular de chips, un insumo que a menudo es utilizado para fines delictivos como la extorsión.
Como se sabe, el Gobierno incrementó los operativos en mercados y zonas de alto flujo comercial, intensificando el decomiso de equipos móviles de dudosa procedencia. En este escenario, el Osiptel desempeñó un rol clave, no solo supervisando, sino proveyendo información especializada y capacitando a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Fiscalía en el uso de datos para estas intervenciones.
Análisis por operadora: ¿Quién cayó más?
El comportamiento del mercado no fue homogéneo y las cifras revelan diferencias interesantes según la empresa operadora. El análisis detalla que compañías como Integratel, Claro y Entel mostraron reducciones promedio cercanas al 30% en sus activaciones de líneas móviles.
En la otra orilla se encuentra Bitel. Esta operadora registró una caída significativamente menor, de alrededor del 9%. Según el análisis del organismo regulador, este efecto diferenciado se explicaría por la mayor presencia de Bitel en zonas rurales, territorios donde la presión sobre la venta informal y los operativos de seguridad son más limitados en comparación con las grandes urbes.
Un marco legal más estricto
La reducción de líneas no solo obedece a la presencia policial, sino también al miedo a las nuevas sanciones legales. El pasado 30 de setiembre, el Congreso promulgó la Ley n°32451, una normativa severa que impuso pena privativa de la libertad a quienes comercialicen o realicen contrataciones de servicios móviles de forma ambulatoria.
El presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén, explicó la progresividad de este impacto: “Esta fuerte medida disuasiva y otras actividades multisectoriales, hicieron que, hasta el 21 de octubre, las nuevas contrataciones de líneas móviles cayeran en 6 %. El riesgo que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del ejecutivo, hizo que se redujeran las altas de los servicios”.
Guillén agregó que la combinación de la declaratoria del estado de emergencia el 21 de octubre, el efecto de la Ley n° 32451 y el despliegue multisectorial en seguridad ciudadana han impactado estadísticamente de manera importante en las nuevas activaciones.
Las cifras en detalle
Para entender la magnitud del cambio, basta con observar los promedios diarios. Antes de las medidas más estrictas, el promedio de altas rondaba las 65.000 líneas. Tras la implementación del estado de emergencia y los operativos, este número descendió a un promedio de 47.000 activaciones, marcando el mencionado descenso del 27%.
Este fenómeno demuestra cómo la regulación y la seguridad pública pueden alterar dinámicas de consumo masivo en el sector tecnológico, limpiando el mercado de conexiones que, en muchos casos, no cumplían con los protocolos de identificación necesarios.
*En la creación de este texto se usaron herramientas de inteligencia artificial.
