Estudio de Aspec revela graves fallas de seguridad y falta de reglas en apps de taxi en Perú, destacando a Yango como líder y a DiDi como la más riesgosa del país.
La movilidad digital en el Perú se encuentra en un punto crítico de desprotección para el usuario. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), liderada por Geraldine Maurer, junto al Observatorio de Plataformas-Perú e Ipsos Perú, presentaron los resultados de la investigación titulada «Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú». Este estudio analiza, desde la perspectiva del usuario, el estado actual de los servicios de transporte gestionados a través de plataformas digitales.
El ranking de la seguridad y el cumplimiento
Sebastián Alvarado representante de Aspec, presentó las evaluaciones realizadas a las cinco aplicaciones con mayor presencia en el mercado peruano: Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Yango. Los resultados evidencian una disparidad alarmante en los estándares de protección al consumidor.
En el ranking general, la plataforma Yango obtuvo la mejor calificación con 4,25 puntos. Le sigue Cabify con un puntaje de 3,25. En el extremo opuesto, se ubicaron aquellas empresas que presentan un nivel de riesgo significativamente mayor para sus usuarios: inDrive con 2,5 puntos, Uber con 1,25 y DiDi con apenas 1,0 punto. Esta última destacó de forma negativa como una de las plataformas más inseguras evaluadas en el informe.
Desprotección legal y cláusulas abusivas
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es la falta de presencia jurídica formal en territorio nacional. Según el informe, tres de las cinco plataformas evaluadas no cuentan con domicilio legal en el Perú. Esta situación obliga a que cualquier conflicto legal deba ser resuelto en cortes extranjeras, como las de Países Bajos o Chipre, dejando al ciudadano peruano en un estado de vulnerabilidad jurídica absoluta.
Asimismo, el estudio reveló deficiencias en los canales de atención al cliente. Sebastián Alvarado representante de Aspec señaló que Uber y DiDi no poseen un libro de reclamaciones visible en sus plataformas. Además, el análisis de los términos y condiciones determinó que todas las aplicaciones imponen contratos con cláusulas abusivas. Estas disposiciones trasladan la responsabilidad operativa al consumidor, permiten cambios unilaterales en los acuerdos y limitan severamente los mecanismos de reclamo.
La realidad del servicio: El «cliente incógnito»
Para obtener datos reales sobre la experiencia de viaje, Sandra Turriate de Ipsos Perú, informó que el trabajo de campo se ejecutó bajo la modalidad de «cliente incógnito» entre diciembre de 2025 y enero del 2026. Se realizaron 70 viajes en aplicativos de movilidad y reparto en Lima, detectando brechas de servicio considerables.
Entre los datos más relevantes del monitoreo se encuentran:
- El 23% de los viajes solicitados fue cancelado por el conductor antes de concretarse.
- En términos de seguridad vial, solo el 18% de los taxis mostró el certificado del SOAT de forma visible.
- En el servicio de paquetería, el 12% de los casos presentó discrepancias entre la placa del vehículo registrada en la app y el que finalmente llegó al punto de recogida.
- Aunque el 95% de los pasajeros declaró sentirse seguro durante el trayecto, el servicio postviaje es deficiente: solo se recuperó el 50% de los objetos olvidados.
- Un 33% de los conductores solicitó pagos adicionales ilegales para devolver pertenencias extraviadas.
Hacia una regulación necesaria
La directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro advirtió que la ausencia de una norma sectorial ha fragmentado el esquema regulatorio actual. Esto no solo debilita la fiscalización, sino que facilita la proliferación de servicios sin habilitación legal, siendo el transporte de pasajeros en moto el caso más crítico. Estas prácticas distorsionan la competencia y degradan el sistema de movilidad urbana.
A diferencia de países como Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y México, que ya cuentan con marcos jurídicos para la intermediación digital, el Perú carece de un reconocimiento legal que permita una fiscalización real. Ante esto, Aspec y el Observatorio de Plataformas-Perú proponen cuatro estándares esenciales: constitución legal en el país, conductores habilitados, sanciones efectivas y una antigüedad vehicular máxima de 10 años.
*En la creación de este texto se usaron herramientas de inteligencia artificial.
