Separar la identidad personal de la política no solo ordena la comunicación con los ciudadanos. También reduce la exposición digital frente a suplantaciones, descontextualización y ataques potenciados por la IA. Esta semana, el experto en comunicación digital Juan Carlos Luján comparte una interesante reflexión al respecto.
Por Juan Carlos Luján, columnista.
Ocurrió hace unos días con un nuevo legislador y vale la pena comentarlo porque es un buen ejemplo para entender por qué los políticos y funcionarios públicos deberían pensarlo dos veces antes de bloquear ciudadanos en las redes sociales que utilizan para comunicar su actividad pública. Y da lo mismo si el dedo que pulsa “bloquear” pertenece al político, a su community manager o, como ahora parece estar de moda, a un algoritmo creado por él.
El legislador en cuestión utiliza su cuenta en X para difundir sus posiciones, entrevistas y actividades políticas. Se caracteriza por hablar sobre su intención de modernizar el Estado a través del blockchain y de la IA. Sin embargo, ante la pregunta de una periodista sobre su presencia en las redes sociales, ha explicado públicamente que no bloquea personalmente a los usuarios. Según dijo, creó un algoritmo que identifica a los “trolls”, los bloquea automáticamente y puede desbloquearlos cuando tienen DNI, nombres y apellidos.
La explicación sería tranquilizadora si no generara más preguntas que respuestas. Automatizar determinadas acciones en una red social es técnicamente posible. Lo curioso aparece cuando entra en escena el DNI. X no exige este documento para crear una cuenta ni proporciona públicamente el número de identidad de sus usuarios. Entonces, ¿cómo sabe el algoritmo que detrás de determinada cuenta existe una persona con un DNI específico? ¿De dónde obtiene ese dato? ¿Cómo lo verifica? ¿Tiene un acceso diferenciado a la base de datos del Reniec?
Quizás estemos ante una innovación que todavía necesita documentación técnica.Pero el DNI es apenas una parte del problema. La pregunta verdaderamente interesante es otra. ¿Cómo determina un algoritmo quién es un “troll”? ¿Una persona que insulta? ¿Una cuenta falsa? ¿Alguien que publica spam? ¿Un usuario que acosa sistemáticamente? ¿O también alguien perfectamente identificado con nombres, apellidos y perfil profesional que cuestiona las propuestas de una autoridad? Porque los algoritmos, pese a la fascinación que generan, todavía no se levantan una mañana y deciden a quién bloquear.
Alguien establece las reglas. Alguien determina los criterios, fija los umbrales y decide qué comportamiento será considerado aceptable. Y si el sistema termina clasificando como troll a alguien que simplemente discrepa, estamos ante algo bastante conocido en inteligencia artificial: un falso positivo.
Por eso, decir que “lo hizo el algoritmo” no resuelve demasiado. Simplemente traslada la pregunta un paso atrás: ¿quién estableció las reglas del algoritmo? Pero este episodio anecdótico permite discutir un problema bastante más amplio.
Los políticos en las redes sociales
Muchos políticos peruanos construyeron durante años comunidades en X, Facebook, Instagram o TikTok desde cuentas originalmente personales. Cuando llegaron a un cargo público continuaron utilizándolas. Cambiaron la fotografía, incorporaron el cargo a la biografía y comenzaron a publicar entrevistas, actividades oficiales, proyectos, iniciativas legislativas y opiniones relacionadas directamente con sus funciones.
Y entonces apareció una zona gris. ¿Una cuenta creada hace diez años continúa siendo estrictamente personal cuando su propietario se convierte en congresista, ministro, alcalde o funcionario y comienza a utilizarla diariamente para comunicar su actividad pública?
La respuesta no debería depender solamente de quién creó la cuenta, sino también del uso que hace de ella. La legislación peruana reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Eso no convierte automáticamente una cuenta personal de X en un portal de transparencia ni significa que cualquier bloqueo constituya por sí mismo una vulneración de la Ley de Transparencia. Sería incorrecto afirmarlo así.
Pero aparece un problema cuando la propia autoridad decide utilizar esa cuenta como canal habitual para distribuir información relacionada con su función pública y, simultáneamente, restringe selectivamente el acceso o la interacción de determinados ciudadanos. ¿Suena contradictorio cierto?
La Defensoría del Pueblo ya advirtió sobre este asunto en 2020, después de conocer bloqueos realizados desde las redes sociales del Gobierno Regional de Ucayali. Señaló entonces que las instituciones públicas debían contar con directivas para gestionar sus redes y establecer criterios claros para restringir usuarios, precisamente por el riesgo de afectar derechos como la libertad de expresión.
Quizás la solución sea menos compleja que desarrollar algoritmos para decidir quién merece permanecer dentro o fuera de una conversación digital.
Separar identidades
Hay que separar identidades.Un político debería distinguir, como mínimo, dos dimensiones de su presencia digital. La identidad personal corresponde a su esfera privada. Allí puede mantener una cuenta cerrada, seleccionar contactos y establecer las restricciones que considere convenientes
La identidad política ya es parte de ese espacio que crea con ciudadanos, electores, simpatizantes y también críticos. Es el espacio para presentar propuestas, defender posiciones y participar del debate público. La discrepancia debería formar parte natural de esa conversación. Y si algo no le agrada, puede silenciarlos sin problema.
Separar estos espacios tiene además una ventaja que muchos políticos todavía parecen subestimar. Hacerlo contribuye a proteger su propia identidad digital.
Cuando vida privada, actividad política y función institucional terminan mezcladas en una sola cuenta, aumenta innecesariamente la superficie de exposición. Fotografías, selfies ante el espejo, ubicaciones, relaciones, hábitos y opiniones pueden ser descontextualizados, manipulados o utilizados para suplantaciones y ataques.
Con la inteligencia artificial generativa el problema adquiere otra dimensión. Hoy resulta relativamente sencillo fabricar imágenes, voces y videos sintéticos convincentes utilizando información previamente publicada por las propias personas.
No se trata de pedirles a los políticos que oculten su vida privada. Se trata de aprender a administrarla y entender que gestionar la identidad digital también forma parte de las responsabilidades de quien ejerce una función pública en la era digital.
Durante años enseñamos a los funcionarios a no utilizar su correo personal para asuntos institucionales. Quizás ha llegado el momento de aplicar un criterio semejante a las redes sociales. Porque separar la vida personal y la actividad política también es transformación digital.
Y para eso, al menos creo, no hace falta ningún algoritmo.
