Si queremos un país con voces responsables y críticas, debemos apostar antes por la alfabetización mediática antes que generar más leyes innecesarias.
Por Juan Carlos Luján, columnista.
En los últimos años, el ecosistema digital peruano ha crecido de manera acelerada. Existen consumidores y creadores de contenidos de todo tipo; streamers, influencers, emprendedores o gente que simplemente quiere compartir historias desde sus teléfonos móviles, sin intermediarios y con una dinámica que ya supera largamente a la televisión y la radio. Esa libertad es valiosa porque democratiza la información, otorga voz a quienes antes no la tenían y expone problemas que, en otro tiempo, habrían quedado encerrados en oficinas, agencias de comunicación o gabinetes ministeriales.
Frente a ese movimiento social, cultural y tecnológico, el legislador Wilson Soto (Acción Popular) ha presentado el Proyecto de Ley 13313/2025-CR, que busca regular la actividad de los creadores de contenido digital. La intención de fondo -controlar la desinformación- es legítima y responde a una preocupación por el tema de la desinformación y las estafas. Sin embargo, hay un problema. La receta está mal diseñada, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
El proyecto plantea que los influencers, streamers y líderes de opinión deberán contar con un título profesional o certificación oficial si hablan de salud, seguridad, educación o temas sensibles. Además, deberán inscribirse en un registro manejado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Y si incumplen alguna de estas obligaciones, podrían recibir sanciones que van desde 60 días de suspensión hasta tres años de inhabilitación para ejercer su actividad. Además, impone una multa que supera los S/26.000. En otras palabras, una persona podría ser legalmente silenciada por no cumplir una pauta confusa, arbitraria o demasiado amplia.
La libertad de expresión no es un privilegio
El primer problema es estructural: la Constitución Política del Perú, en su artículo 2 inciso 4, prohíbe cualquier forma de censura previa. No hay ambigüedad aquí. Ningún ciudadano necesita permiso del Estado para opinar, criticar o publicar contenido en redes sociales. La libertad de expresión no es un privilegio para expertos, sino un derecho inherente a toda persona. Exigir un título profesional para hablar de temas públicos rompe este principio y lo reduce a una lógica elitista: solo quien tenga un diploma puede opinar sobre salud, educación, ciencia o seguridad. Eso es incompatible con cualquier democracia moderna.
El segundo problema es técnico. El proyecto confunde actividades económicas -como la publicidad pagada- con expresiones ciudadanas. No diferencia entre un creador de contenido que hace recomendaciones médicas sin respaldo científico y un ciudadano común que da su opinión sobre la salud pública, ni distingue entre una sátira, un análisis periodístico, una crítica política o una recomendación comercial. Al tratar todo como si fuese un mismo fenómeno, la norma se vuelve imprecisa, sobreabarcadora y peligrosa.
El tercer problema está en los conceptos utilizados. El proyecto sanciona la “información falsa” sobre salud, alimentación o patrimonio, pero no establece cómo se determina esa falsedad ni bajo qué criterios. La desinformación es un problema real, pero combatirla con definiciones vagas abre la puerta a la arbitrariedad. Hoy se podría sancionar un contenido equivocado; mañana, una crítica legítima. La historia reciente de América Latina nos recuerda que los gobiernos no siempre resisten la tentación de usar conceptos ambiguos para perseguir a voces incómodas. Y cuando eso ocurre, el daño es rápido y profundo.
El cuarto problema es de competencia institucional. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM no es un órgano técnico regulador de medios ni tiene experiencia para evaluar contenidos digitales o sancionar infracciones en materia de expresiones públicas. Delegarle tal poder implica crear un brazo administrativo capaz de suspender o inhabilitar a un creador digital por razones interpretativas. Un Estado que puede suspender voces sin criterios claros ni procesos sólidos es un Estado que se acerca peligrosamente a mecanismos de control informativo.
Frente a estos riesgos, vale la pena recordar que la regulación moderna distingue entre expresión y conducta. El Estado puede -y debe- intervenir cuando una persona promueve estafas, vende productos ilegales, realiza publicidad engañosa o pone en riesgo la salud pública con recomendaciones peligrosas. Todo eso ya está regulado: Indecopi sanciona la publicidad engañosa, el Minsa regula la promoción de servicios de salud, y el Código Penal castiga las estafas y los fraudes. No se necesita un proyecto de ley que controle lo que la gente dice; se necesita aplicar la normativa existente cuando la conducta genera daño real.
La solución es clara y viable: no se debe regular la opinión, sino la actividad comercial y los riesgos objetivos asociados a prácticas engañosas. Si un influencer promociona tratamientos peligrosos o productos fraudulentos, que responda ante Indecopi o el Minsa según corresponda. Si recibe dinero para hacer propaganda política, que se sujete a las normas de publicidad electoral. Pero si expresa su opinión —acertada o equivocada— no debe ser sancionado ni condicionado. Las democracias se fortalecen con más información, más voces y más debate, no con filtros previos administrados desde el poder.
Internet ha cambiado las reglas del juego, pero no los principios fundamentales. No podemos, en nombre de la desinformación, abrir la puerta a una estructura de censura encubierta. Si permitimos que el Estado decida quién puede hablar y quién no, habremos retrocedido décadas en libertades que nos costaron demasiado conquistar. La responsabilidad es de todos: creadores, consumidores, instituciones y plataformas. Combatamos la desinformación con educación digital, alfabetización mediática y herramientas tecnológicas. La libertad de expresión no se protege restringiéndola, sino reforzando la capacidad de la ciudadanía para identificar información confiable.
Si queremos un país con voces responsables, críticas y libres, necesitamos leyes inteligentes, apostar por un mejor educación en las escuelas, no normas que confundan protección con silenciamiento. Porque, al final, cuando el Estado abre la puerta para decidir quién puede hablar, corre el riesgo de cerrársela a quien más incomoda: el ciudadano.
